A medida que el mundo avanza hacia una mayor automatización y la adopción de tecnologías disruptivas, Uruguay se enfrenta a una discusión legislativa que podría influir de manera significativa en el mercado laboral. Mientras en muchos países se observa un proceso de adaptación que incluye la flexibilización de las condiciones laborales, nuestro país está evaluando una propuesta que busca brindar mayor estabilidad a los trabajadores en empresas privadas, estableciendo restricciones para la desvinculación laboral.
Hoy en día, la tecnología ha transformado múltiples sectores, desde cocinas automatizadas que funcionan sin intervención humana, hasta supermercados que operan sin personal. La robótica y la inteligencia artificial están siendo integradas en una amplia gama de industrias y proyectos, lo que plantea desafíos y oportunidades. En este contexto, se ha presentado un proyecto de ley que, a nuestro entender, podría no estar alineado con las tendencias globales en materia laboral.
Esta propuesta, que actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento, ha sido impulsada por los senadores Óscar Andrade y José Nunes. El objetivo central del proyecto es que los despidos de empleados estén justificados, es decir, las empresas ya no podrían desvincular personal sin una causa debidamente fundamentada. Hasta el momento, las empresas tienen la posibilidad de despedir libremente, cumpliendo con el pago de la correspondiente indemnización, basada en el tiempo de servicio del trabajador.
La iniciativa plantea un cambio significativo, al exigir una “justa causa” para proceder con un despido, lo que otorgaría a los trabajadores una mayor estabilidad laboral. Este nuevo marco normativo incluiría además la obligatoriedad de un preaviso de 15 días antes de la desvinculación, lo que podría generar tensiones dentro de la empresa, ya que mantener a un trabajador que será despedido podría impactar en la dinámica operativa.
En caso de incumplir con el preaviso o de realizar un despido sin justa causa, el proyecto establece sanciones económicas severas, duplicando las indemnizaciones por despido como multa. Esta medida busca proteger al trabajador, pero podría tener repercusiones para las empresas, que deberían extremar la cautela tanto al desvincular personal como al contratar nuevos empleados.
Si bien la protección de situaciones especiales, como los despidos antisindicales, de mujeres embarazadas o por enfermedad, ya está contemplada en el marco actual y seguiría vigente, la introducción de una mayor rigidez en las condiciones de despido podría, paradójicamente, desincentivar la contratación de nuevos empleados. Esto, en un contexto en el que la tecnología está reemplazando muchos puestos de trabajo, podría tener efectos no deseados en el empleo formal.
En resumen, aunque la intención de proteger a los trabajadores es válida y comprensible, la aplicación de esta ley podría generar efectos colaterales, limitando la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno económico y tecnológico en constante evolución. Por ello, resulta fundamental que la discusión de este proyecto de ley considere tanto los derechos de los trabajadores como la flexibilidad que requieren las empresas para ser competitivas y sostenibles en un mundo cada vez más digitalizado.